El ex presidente Pedro Castillo seguirá detenido por 18 meses

El expresidente de Perú, Pedro Castillo permanecerá bajo prisión preventiva los próximos 18 meses, según resolvió el juez supremo Juan Carlos Checkley, mientras el Congreso peruano discutía esta noche el adelanto a 2023 de las elecciones generales, propuesto por el Gobierno, una decisión que exige varios pasos formales y que obligó a extender hasta febrero próximo la presente legislatura, mientras continúan las protestas, que ya suman 10 muertos.

El magistrado acusó a Castillo de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y atentado contra la tranquilidad pública, en una audiencia virtual que comenzó por la mañana, fue interrumpida y continuó por la tarde, el juez Juan Carlos Checkley hizo el anuncio en una extensa resolución que leyó, mientras Castillo fue asistido por un letrado oficial.

Además de los 18 meses de prisión preventiva contra Castillo, el magistrado resolvió que el ex primer ministro Aníbal Torres un régimen de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de rebelión y otros.

Castillo permanece detenido en la sede de la Diroes, en Ate, desde el 7 de diciembre cuando perpetró un golpe de Estado.

En el Congreso, en tanto, se debatía el adelantamiento de las elecciones propuesto por la presidenta, Dina Boluarte.

"Quiero ratificar la propuesta de mi Gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos, Ejecutivo y Legislativo", remarcó Boluarte en un acto, al exhortar al Congreso.

El legislativo, muy fragmentado y dominado por la oposición de derecha, parecía haber recogido el reclamo de comicios cuanto antes: extendió las sesiones ordinarias, citó al ministro de Justicia, José Tello, y a las autoridades de los organismos electorales para que expliquen los pasos técnicos necesarios y se encaminaba a votar el adelantamiento.

El titular del Congreso, José Williams, explicó la extensión de las reuniones ordinarias hasta el 28 de febrero próximo como un paso para "lograr un consenso que involucra a todos los grupos parlamentarios".

Y congresista Jaime Quio Sarmiento, del hasta hace poco oficialista Perú Libre (PL), fue quien expuso sobre el proyecto que "se propone resolver la actual crisis política, económica y social que vienen afectando los valores y las libertades ciudadanas", que, advirtió, "impide el desarrollo del país y pone en riesgo el sistema democrático".

Al ministro Tello le tocó dar detalles de plazos, porque variar la fecha de comicios implica una reforma constitucional: propuso para este mes la primera votación en el Parlamento, la segunda en enero o febrero y convocatoria en julio con la idea de elecciones presidenciales y de congresistas en diciembre del año próximo, aunque también especuló con otro escenario de comicios en abril de 2024.

En las afueras de la sede policial donde está detenido Castillo se reunieron decenas de manifestantes que lo defienden.

Desplegaron una bandera con la imagen del cacique Tupac Amaru II, con sus extremidades amarradas a cuatro caballos, como cuenta la historia que fue su ejecución tras rebelarse contra los españoles en la colonia, pero el rostro había sido reemplazado por el de Castillo y en lugar de caballos estaban la fiscalía, el Congreso, la prensa y el poder económico.

Mientras, las manifestaciones y protestas -las más fuertes en el sur del país- ya dejaron 10 muertos.

El último domingo se contabilizaron los primeros dos, un joven de 18 años en Huancabamba y un adolescente de 15 en Andahuaylas, en ambos casos en región de Apurímac.

El lunes se sumaron otros cuatro: un hombre de 30 años en Ciudad Municipal, en el departamento Arequipa; dos jóvenes de 18 en Andahuaylas; y un adolescente de 16 en Chincheros, también en Apurímac.

El miércoles, otros dos muertos: Cristian Rojas Vásquez, de 19 años, un hospital de Abancay, capital del departamento Apurímac; un hombre no identificado de 51 en la toma de un puente en Virú, en el departamento norteño La Libertad.

Y otros dos hombres, con los que suman 10, en la toma del aeropuerto de Ayacucho

Además de cinco aeropuertos que están cerrados, hay más de un centenar de rutas bloqueadas, lo que complica el transporte y el abastecimiento. El tren a la turística de Machu Picchu está suspendido y hay centenares de turistas varados.

Cerca de 2.000 camiones de carga bolivianos están varados en la frontera con Bolivia, reportó la agencia AFP.

Y miles de ciudadanos de todo el país también se congregaban en los alrededores de la céntrica Plaza San Martín de Lima, histórico epicentro de las protestas, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Además de las nueve víctimas fatales, las autoridades dieron cuenta este jueves de al menos 71 personas detenidas y 216 policías heridos. Y el Ministerio de Salud dijo que 171 personas fueron hospitalizadas o atendidas como resultado de lesiones o problemas sufridos en las protestas. Además, hubo ataques a 16 dependencias públicas, entre ellas comisarías y fiscalías.

La jornada dejó también un entredicho diplomático: la Cancillería llamó en consultas a los embajadores peruanos en Argentina, Bolivia, Colombia y México, en reacción a la presunta intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las autoridades de los aludidos países.(Télam)